Este viernes finaliza el plazo para aplicar la normativa que obliga a las pymes a implementar mecanismos para canalizar las denuncias internas.
El 17 de diciembre de 2021 finaliza el plazo para que España aplique la directiva de protección de denunciantes (whistleblowing) que obliga a las empresas de entre 50 y 250 trabajadores a implementar mecanismos para canalizar y controlar las irregularidades internas.
A pesar de que España ya cuenta con leyes que obligan a tener un canal de denuncia para el acoso sexual, por razón de sexo o para los delitos para la exoneración de la responsabilidad penal de las empresas, esta directiva incluye todos los demás ámbitos relacionados con la legalidad y, además, otorga máxima confidencialidad y protección a los trabajadores.