En un esfuerzo por mejorar la transparencia y combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, las empresas en España estarán obligadas a informar a la Agencia Tributaria sobre los dueños reales de las mismas a partir del 3 de febrero de 2025.
Esta medida se deriva de la Ley 13/2023, la cual transpone la Directiva Europea sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (DAC 7).
Impacto de la Ley 13/2023 en las empresas: transparencia y lucha contra el fraude fiscal
Detalles de la nueva obligación
Las compañías deberán proporcionar una serie de datos precisos y detallados acerca de los titulares reales. Entre la información que se requerirá, se incluyen:
- DNI o número de identificación extranjero: En caso de que el titular no sea español.
- Nombre y apellidos: Información básica de identificación.
- Fecha de nacimiento: Para asegurar la precisión en la identificación.
- Nacionalidad: Para conocer el origen del titular.
- País de expedición del número de identificación: Donde se emitió el documento de identificación.
- País de residencia: Para conocer el lugar de residencia actual del titular.
Esta obligación entrará en vigor el 3 de febrero de 2025, y se aplicará por primera vez a través del Modelo 036, el cual estará disponible para audiencia e información pública hasta el 5 de agosto del año anterior.
Contexto y objetivos de la Ley 13/2023
La Ley 13/2023 se ha implementado con el objetivo de fortalecer la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Al asegurar que las autoridades tengan acceso a información detallada sobre los verdaderos propietarios de las empresas, se busca cerrar brechas que podrían ser explotadas para actividades ilícitas.
Impacto en las empresas
Para las empresas, esta nueva normativa implicará un esfuerzo adicional en términos de recopilación y reporte de información. Sin embargo, también representa un paso importante hacia la transparencia y la integridad en los negocios.
Las empresas deberán asegurarse de tener sistemas adecuados para la recopilación de los datos necesarios y la presentación de informes precisos a la Agencia Tributaria. Es crucial que todas las entidades afectadas comiencen a prepararse con anticipación para cumplir con esta obligación a tiempo.
La implementación de esta medida es un reflejo del compromiso de España con los estándares internacionales de transparencia y cooperación fiscal. Al adherirse a la Directiva Europea sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (DAC 7), España da un paso significativo en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, estableciendo un marco más sólido y confiable para la identificación de los dueños reales de las empresas.
Esta nueva obligación, que entra en vigor el 3 de febrero de 2025, requerirá que las empresas adapten sus procesos internos y se aseguren de cumplir con los nuevos requisitos de información, contribuyendo así a un entorno empresarial más transparente y justo.