El Ministerio de Hacienda está ultimando un Real Decreto (RD) que supondrá un cambio significativo en la obligación de información fiscal por parte de entidades financieras, con especial foco en los pagos digitales y por Bizum.
El texto, actualmente en proceso de información pública hasta el próximo 26 de diciembre, eliminará el límite actual de 3.000 euros anuales que exime a las entidades de informar al fisco sobre pagos realizados por profesionales y autónomos.
Hacienda prepara un nuevo Real Decreto para reforzar el control fiscal de pagos por Bizum y tarjetas
¿Qué cambia con este nuevo RD?
Hasta ahora, los bancos eran los principales responsables de comunicar a Hacienda los movimientos relevantes. Sin embargo, con este nuevo marco legal, la obligación se ampliará a:
- Entidades de pago.
- Compañías de dinero electrónico.
- Empresas financieras extranjeras que operen en España.
Además, será obligatorio informar mensualmente, lo que implica un control mucho más detallado.
Pagos por Bizum, tarjetas y movimientos anuales
Entre las novedades más destacadas, por primera vez se incluirán:
- Pagos por Bizum: Todas las operaciones realizadas mediante esta plataforma estarán bajo supervisión fiscal.
- Pagos con tarjeta: Se requerirá un informe anual para aquellos movimientos que, en su conjunto, superen los 25.000 euros al año, independientemente del tipo de tarjeta utilizada (crédito, débito, prepago o virtual).
Implicaciones para autónomos y ciudadanos
Este nuevo RD pretende luchar contra el fraude fiscal, especialmente en actividades comerciales que hasta ahora quedaban parcialmente fuera del radar del fisco debido a la dispersión de plataformas y medios de pago.
Por tanto, tanto los profesionales como los particulares deberán ser más conscientes del impacto fiscal de sus transacciones digitales y su acumulado anual. Para los autónomos, en particular, podría suponer una mayor carga de control y ajuste en la facturación para evitar discrepancias con la información que manejará Hacienda.
La futura entrada en vigor de este RD no solo amplía el control fiscal a más entidades, sino que establece un precedente en la vigilancia de pagos digitales en España. Este cambio responde a la creciente digitalización de los métodos de pago y al objetivo de Hacienda de minimizar el fraude en la economía sumergida.
Las implicaciones para bancos, entidades de pago y los propios ciudadanos serán significativas, marcando un antes y un después en la gestión fiscal del dinero electrónico.