El impacto del retraso en la retribución del permiso parental en España.
Desde el pasado 2 de agosto de 2024, España incumple la directiva europea que exige retribuir al menos cuatro de las ocho semanas del permiso parental para niños menores de 8 años. Aunque la directiva, aprobada en 2019, estipula este derecho, la aplicación se retrasará hasta 2025, dejando a muchos trabajadores y empresas con dudas e incertidumbres.
La directiva europea de conciliación requiere que cada trabajador tenga derecho a un permiso parental de cuatro meses antes de que su hijo cumpla 8 años. De este tiempo, al menos dos meses no pueden ser transferibles y deben ser remunerados. Sin embargo, todavía no se ha implementado la retribución del permiso parental en España, lo que genera preocupaciones sobre el cumplimiento de esta normativa.
La situación actual en España
Actualmente, en España, se ofrecen 19 semanas de permisos retribuidos: 16 semanas por nacimiento y 3 semanas adicionales por acumulación del permiso de lactancia. Según los compromisos adquiridos, el objetivo es aumentar de 16 a 20 semanas el permiso de nacimiento y retribuir 4 de las 8 semanas del permiso parental.
Sin embargo, estas medidas aún no se han implementado, generando incertidumbre entre trabajadores y empresas. El derecho está reconocido, pero falta un desarrollo reglamentario para especificar cómo y cuándo se llevará a cabo la retribución.
Dudas y expectativas
La falta de claridad sobre cómo se retribuirá el permiso ha creado dudas significativas entre los trabajadores. De hecho, muchas empresas han estado consultando sobre el tema, y la falta de concreción ha generado expectativas inciertas. Con la llegada del verano, la necesidad de estos permisos aumenta, especialmente para los padres que no saben si comenzarán a recibir el pago desde agosto.
¿Qué significa esto para empresas y trabajadores?
Las empresas se enfrentan a desafíos al intentar planificar recursos y gestionar permisos. Además, la incertidumbre sobre quién asumirá el coste del permiso parental retribuido añade más complejidad. Se espera que la Seguridad Social, y por tanto el Estado, asuma el coste del pago, pero se requerirá un desarrollo reglamentario adicional, que se espera esté listo para 2025.
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