El próximo 20 de octubre finaliza el plazo para los trabajadores por cuenta propia presenten el IVA y el IRPF y acrediten si, en efecto, cumplían los requisitos establecidos.

ayudas covid

El próximo 20 de octubre, en 7 días, vence el plazo administrativo que la Agencia Tributaria da a los autónomos para que presenten sus declaraciones de IVA e IRPF, es decir, el modelo 303 y modelo 130, respectivamente. No es solo la forma en la que los trabajadores por cuenta propia rendirán cuentas con el fisco en el año más atípico que se recuerde, sino que servirá, además, para intentar acreditar si en efecto los preceptores cumplían los requisitos para recibir las ayudas en caso de haberse visto afectados por la crisis de la Covid-19. 

En concreto, los beneficiarios de la prestación especial por cese de actividad tenía que haber sufrido una caída del 75% en su facturación trimestral, respecto al mismo periodo del año anterior; y además, la acumulación de unos rendimientos netos inferiores a 5.8818,75 euros. 

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¿Quién tiene que devolverla?

Básicamente, aquellos autónomos que, tras haber verificado el cumplimiento, han facturado más de lo esperado, por lo que rebasan la acumulación de los rendimientos netos inferiores citados anteriormente o la caída de la facturación ha sido menor del 75%. 

Así, en los próximos meses y hasta enero de 2021, se irán terminando los plazos para devolver estas ayudas recibidas por la Covid. 

Además de la prestación por cese actividad, también entran en esta tesitura los que solicitaron moratorias, aplazamientos o préstamos del ICO.

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¿Cómo se verifican los requisitos?

Por lo pronto, Seguridad Social y Agencia Tributaria aún andan ocupadas en tratar de perfilar un procedimiento automático de verificación de los requisitos para percibir esa prestación, según aseguran fuentes internas al tanto de esos trabajos.

Según estas mismas fuentes, la negociación tiene una gran complejidad no sólo porque se refiere a datos fiscales de particulares, cuya confidencialidad está protegida expresamente por la Ley General Tributaria, sino también porque la solución no sólo implica a las mutuas, como gestoras de la prestación, sino a otros cuatro organismos públicos: la Tesorería General de Seguridad Social, a la Agencia Tributaria, a la Intervención General de la Seguridad Social y la Gerencia Informática de la Seguridad Social.

La preocupación también existe al otro lado de la ventanilla. Fuentes de las mutuas admiten que a día de hoy no disponen de las herramientas necesarias para acreditar de forma fehaciente la caída del 75% en la actividad de los perceptores de esas ayudas.