Hasta la fecha sigue sin convencer y su objetivo de favorecer a los pequeños licitadores está muy lejos de cumplirse.
La ley que regula los contratos con la Administración llegó en marzo de 2018 con promesas de mayor transparencia, simplificación de los trámites y eliminación de las trabas burocráticas y administrativas.
Sin embargo, un año y medio después de su entrada en vigor, la normativa, una complejísima trama de artículos, sigue sin convencer a los expertos y su objetivo estrella, favorecer a los pequeños licitadores, está muy lejos de cumplirse.
La Ley establece que . Además, contempla que se pregunte en primer lugar a los expertos y a los colegios profesionales. «Tenemos contradicciones por todas partes. Esto choca con la idea de querer consultar a las empresas». Además, la normativa incorpora una nueva exigencia de certificaciones y etiquetas externas para poder contratar con la Administración.
Estos sellos dificultan también el acceso de las pequeñas y medianas empresas. Su alto coste hace que los pequeños licitadores queden fuera de los procesos mientras que para las grandes empresas apenas supone un gasto contar con estas certificaciones.